En un fallo conocido, la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) hizo lugar a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado y la ATER, y declaró la inadmisibilidad del pedido de los ruralistas.

La Justicia de la provincia de Entre Ríos declaró inadmisible el amparo presentado por la Sociedad Rural de Gualeguaychú, que pretendía dilatar el cumplimiento en el pago del impuesto inmobilario rural recientemente revaluado por la Administradora Tributaria entrerriana (ATER).

En la presentación, la Sociedad Rural de Gualeguaychú pretendía conocer las operaciones aritméticas practicadas por la ATER para fijar los avalúos fiscales para el cobro del impuesto inmobiliario del corriente año.

Los vocales del organismo concluyeron que el reclamo no debió plantearse a través del amparo ya que existen otros procedimientos más adecuados; y advirtieron que la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú no debió admitir el mecanismo del amparo porque existe jurisprudencia de la Corte Suprema sobre casos tributarios que van en contra de esa decisión.

El STJ concluyó que no le compete al Poder Judicial pronunciarse sobre “la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero“, sino que “sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional, lo que en esa causa no se había planteado”, agrega el fallo.

También recuerda que los fallos de la Corte Suprema coinciden en que hay que pagar primero y protestar después, y que el amparo no es el camino por donde debe transitarse para llegar a resultado técnico alguno, menos aún si no se puede alegar un perjuicio del derecho de propiedad.

En las últimos horas, el titular de ATER, Marcelo Casaretto, reveló que ya fueron enviadas 3.200 intimaciones a los morosos del impuesto inmobiliario rural, casi todos propietarios de grandes extensiones de tierra.

El funcionario dijo que del total de intimaciones, 562 se enviaron a propietarios radicados en Buenos Aires, que “son titulares de inmuebles que suman 406.000 hectáreas, con un avalúo de 2.200 millones de pesos”.

Otras 169 intimaciones fueron remitidas a la ciudad de Rosario, donde empresas, sociedades y personas deben en conjunto 25 millones de pesos por tierras ubicadas en los mejores y más rentables espacios de esta provincia mesopotámica.

En Entre Ríos el revalúo del impuesto inmobiliario rural dio lugar a una serie de manifestaciones de los ruralistas frente a la Casa de Gobierno, encabezados por el presidente de la delegación local de la FAA, Alfredo De Angeli.